Ambientalistas panameños denunciaron la inacción del Gobierno de su país para ejecutar el proceso de cierre de la mina de cobre que opera Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM).

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La mina está inhabilitada desde el pasado mes de noviembre, cuando la Justicia del país istmeño declaró «inconstitucional» el contrato que garantizaba la renovación de su concesión.

De acuerdo con los ambientalistas, el Gobierno panameño ha incumplido el plan del Cierre de Mina, poniendo la zona en grave riesgo y aumentando la vulnerabilidad del país centroamericano frente a los arbitrajes de carácter internacional.

Los grupos ambientalistas indicaron por medio de un comunicado que el próximo 7 de marzo «vencerá la cobertura de la fianza de cumplimiento ambiental del proyecto, consignada para cierre, post-cierre y causas imprevistas por un valor de 108 millones de dólares», pero aún no han sido publicadas las instrucciones o resoluciones para exigir la fianza.

En ese sentido, alertaron que es posible que se esté esperando al próximo 5 de mayo, cuando se forme un nuevo Gobierno, para renegociar el contrato, y por eso se guarda silencio al respecto.

El pasado 28 de noviembre cesó el contrato que anunciaba la renovación de la concesión a 20 años prorroglables, luego de jornadas de protestas que desencadenaron una severa crisis interna.

Pocas semanas después, el Gobierno anunció una estrategia para garantizar el cierre ordenado y definitivo de la mina de cobre, acción que puede tomar entre siete y nueve años con costo que podría llegar a los 1.000 millones de dólares.

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